En los últimos 8 años, Contraloría General ha producido 267 fallos con responsabilidad fiscal

Un total de 267 fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía de $2,1 billones de pesos ha producido la Contraloría General de la República, desde 2012 hasta el presente año, por malos manejos de recursos del sistema general de salud.

Así lo indicó el Contralor Delegado para el Sector Social, José Antonio Soto Murgas, al responder una pregunta de la Corte Constitucional sobre ¿cuánto dinero ha perdido el sistema de salud, con ocasión de la corrupción en estos últimos 8 años?, y dar cuenta de las decisiones de fondo que ha tomado la CGR en materia de responsabilidad fiscal.

Según precisó, se han declarado un total de 437 responsables fiscales (322 personas naturales y 115 personas jurídicas).

Las principales causas que han dado origen a la declaración de responsabilidad fiscal son: recobros no justificados, adquisición de bienes o elementos no relacionados directamente con la prestación de servicios, sobrecostos de medicamentos y duplicidad de registros en bases de datos.

«La Contraloría ha encontrado en sus más recientes auditorías a algunas EPS que recursos públicos, es decir recursos de las UPC, se vienen destinado para gastos de administración», indicó el Contralor Delegado para el Sector Social.

«También hemos evidenciado como estos recursos también se han destinado para bonificaciones en cabeza de funcionarios de estas EPS, particularmente algunas reconocidas a nivel nacional y de reciente creación», agregó.

Otras cifras
Los montos involucrados en las investigaciones de la CGR por estos temas, en el período 2012-2018, suman $5.6 billones, en 2.388 procesos. O sea, esta es la cifra por la que se abrieron tales procesos.

La CGR ha recuperado $179 mil millones dentro de un universo de 829 procesos abiertos. Un total de 187 procesos de responsabilidad fiscal han sido abiertos a partir de denuncias de la ciudadanía.

Actualmente, en la etapa de cobro coactivo, la CGR adelanta 82 procesos, donde se pretende recuperar $1.4 billones.

La Contraloría ha desplegado varias actuaciones para perseguir de forma directa el patrimonio individual de los accionistas y/o administradores de las EPS e IPS que han incurrido en maniobras fraudulentas y han originado un daño patrimonial a los recursos de la salud.