Soportamos un modelo de salud inconstitucional

Por Jaime Sierra Delgadillo | Exdefensor del paciente de Cali
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La Constitución Política establece nítidamente varios preceptos que dimensionan la vida y la salud como derechos fundamentales, cuya protección es esencial y para lo cual, aparentemente, establece férreos mecanismos para garantizar su efectividad y sancionar a quienes los vulneran.

Lamentablemente, una cosa es lo que dice la Constitución, otra cosa es lo que sucede en realidad con el servicio de salud, y otra muy distinta lo que sucede con quienes están en la obligación de vigilar y garantizar la efectividad de estos derechos fundamentales. En su Art. 11 establece que el derecho a la vida es inviolable y normas posteriores, consagran el derecho a la salud como derecho fundamental. Los Art. 1, 48, 49 y 95, consagran el principio de solidaridad como Columna vertebral de la Constitución y de manera, muy específica, en lo relacionado con la seguridad social en salud.

El Art. 86 establece la acción de tutela como mecanismo ágil para proteger, entre otros, los derechos fundamentales a la vida y a la salud. Es decir, estamos inmersos en una Constitución garantista, una Constitución que teóricamente pone al más alto nivel de valoración la vida y la salud en condiciones dignas. Pero la realidad que vive nuestra sociedad con los servicios de salud, se estrella con esos preceptos legales; pues, el abuso, el maltrato y el desconocimiento de la dignidad humana, son la constante; constituyen la regla en tan esencial servicio.

Los dueños de los grandes capitales económicos, hacen del sistema de salud un negocio monumental en perjuicio de la calidad de vida que merecen los colombianos; importa más el dividendo económico que la vida de un niño, de una mujer en embarazo o de cualquier ser humano. La inconstitucionalidad del modelo de salud es evidente y por bienestar de los colombianos hay que transformarla; es fundamental, que sea realidad en la cotidianidad del colombiano.

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