Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com
Las críticas a las EPS siguen abundando por la mala prestación de los servicios de salud; lamentablemente hacen caso omiso a lo ordenado en la Constitución Política en el Art. 11 que dispone «El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte»; y a la Ley Estatutaria que consagra la salud como derecho fundamental.
La forma como se presta el servicio de salud a los colombianos no dignifica al ser humano, tal como lo exige está sola razón y lo ordena la misma Constitución; la constante es el maltrato, el desconocimiento de los derechos de los afiliados, el irrespeto al enfermo, el desconocimiento de sus derechos y su dignidad como ser humano.
Pese al abundante desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el respeto que se debe a los enfermos y a los seres humanos en general y que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, las EPS siguen pasando por la faja toda la regulación legal, pues no hay autoridad con voluntad para hacerla cumplir, pese a tener una multimillonaria nómina a nivel administrativo y judicial para ello; lo que abundan son órganos de control y jueces con amplias competencias para que lo haga.
La violación de los derechos de los enfermos es el pan de cada día, pero los responsables permanecen impunes por sus actuaciones que en la mayoría de los casos rayan en delitos, por las lesiones que sufren o agravan a los pacientes, por la omisión de socorro o la muerte.
Este sistema de salud al no cumplir el mandato constitucional, no respetas la dignidad de las personas y estas no tienen la protección del Estado para que a través de sus funcionarios investiguen y sancionen a los responsables.
Si el poder judicial aplicara con rigor las sanciones de ley, la situación sería muy diferente.