Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.comEn Colombia tenemos inmensa variedad de órganos de control e infinidad de normas para controlar, vigilar e inspeccionar la calidad del servicio de salud que se brinda a la comunidad; no obstante, las quejas y reclamos por los atropellos que sufren pacientes y usuarios en lugar de disminuir, cada día se incrementan en niveles descomunales; la omisión de esos órganos la sufren directamente los pacientes, quienes no encuentran en los aparatos del Estado, la protección que constitucionalmente están obligados a brindar a quienes habitan el territorio nacional.
De hecho, la mayoría de las acciones de tutelas que congestionan el poder judicial, se instauran pidiendo protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida; lo que debería ser garantía automática para la salud, debe ser objeto de pleitos judiciales para lograr una atención médica adecuada, las EPS maltratan a los pacientes, les niegan servicios que son obligatorios, les dilatan autorizaciones médicas, ya sea un examen, una cita especializada, una cirugía, etc., y todo ello, ante la más grotesca y evidente omisión de los órganos de control.
Muchas son las personas que han fallecido esperando una cita médica o un procedimiento y esos entes de control no hacen nada, la Supersalud con toda la fuerza coercitiva que tiene para sancionar, guarda terrible silencio; las Secretarías de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las Personerías, no tienen en sus agendas la salud y la vida como prioridad de sus accionar Estatal, a sabiendas de los graves perjuicios que se causan a pacientes y usuarios; no es tema importante de sus actividades, cuando la ley se los ordena; la gente no tiene doliente; así las cosas, esas entidades cuyas estructuras cuestan mucho al erario público, deberían desaparecer; pues es nada lo que hacen en defensa de las personas.