En Colombia, ¿fracasó el sistema judicial?

Según una reciente investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, en el país se volvió deporte tomarse la justicia por propia mano.

El estudio confirma que  tres de cada diez personas prefieren vengarse de su agresor antes que denunciar.

 En otras palabras, la cultura del ‘ojo por ojo, diente por diente’, cada día se practica más en las ciudades, solo en Bogotá el 64% de las personas justifican el uso de la violencia en defensa propia.

En la ciudad se registra un muerto por estos hechos cada tres días y entre 2014 y 2017 cerca de 300 personas fallecieron por linchamiento, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Mano propia
En Suramérica, los cinco países cuyos ciudadanos más aprueban la justicia por propia cuenta son: Paraguay (42,3%), Perú (40%), Ecuador (37,7%), Bolivia (37,2%) y Colombia (29%).   

 Laura Guevara, abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y autora de la investigación, publicó en su monografía de grado cifras alarmantes que evidencian la crisis de congestión e incompetencia que hoy atraviesa la administración de la justicia.

El documento académico confirma que la tramitología, sumada a la carga laboral, al populismo punitivo y a la impunidad, sin contar la corrupción que compromete a jueces y fiscales, ha generado una falta de credibilidad y desconfianza en el aparato judicial colombiano sin precedentes en América Latina. 

Reacciones
 Datos recientes de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Ministerio de Justicia, indican que el 70% de los ciudadanos considera que la justicia es “muy lenta”.

Con relación a su imagen, de acuerdo a una encuesta de Gallup, el 83% de los consultados afirma que esta es negativa; y en cuanto a su desconfianza, cifras actuales del DANE, confirman que solo 24 de cada 100 delitos se denuncian, generando impunidad, según la Fiscalía, en el 99% de los casos.

Desprestigio
Otros indicadores que evidencian el desprestigio de la rama judicial, dados a conocer a finales del año pasado por la Corporación Excelencia a la Justicia y otras entidades, reflejan que el 69% de las personas no acuden al sistema judicial por desconfianza en los jueces; el 52% por desconocimiento de los derechos; el 43% por falta de credibilidad en el sistema; el 42% por desconocimiento de los trámites; el 40% por los altos costos en los honorarios de los abogados; el 34% por demora en los procesos; el 17% por la precaria atención en los despachos y el 9% por la ubicación de los mismos.

 En la práctica, esta problemática la dejó al descubierto el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana que reveló que, entre junio y diciembre de 2017, los bogotanos ayudaron a capturar a cerca de 8.100 delincuentes sorprendidos en flagrancia.

Es decir, cada día se descubrieron a 45 ladrones que gracias al apoyo de la ciudadanía fueron entregados a la Policía para que esta, a su vez, los pusiera a disposición de la Fiscalía.

 Sin embargo, tres de cada diez capturados quedaron libres. El 80% de los infractores eran menores de edad y en menos de 48 horas quedaron en libertad o simplemente la Fiscalía no los pudo judicializar ya que nadie puso la denuncia.

En otros casos, la cuantía del daño o delito fue tan baja que no hubo lugar a la penalización.

Congestión: el cáncer del sistema judicial
Aparte de su evidente desprestigio, la investigación también alerta sobre el nivel de congestión del aparato judicial colombiano.

“Actualmente, un proceso ordinario que debería definirse en máximo 12 o 24 meses, se demora hasta 5 o 10 años, razón por la cual la mayoría de ciudadanos prefiere hacer justicia por propia cuenta”, dijo Guevara.

Cifras del Consejo Superior de la Judicatura, que fueron analizadas durante el estudio, seña-lan que la congestión judicial en 2017, por la acumulación de procesos no atendidos a tiempo, superó el 45%; en 2016, fue de 37%; en 2015, de 45%; en 2014, de 48%; en 2013, de 47%; y en 2012, de 46%.

El nivel de retraso por los procesos en los que se vencieron los términos por atenderse de manera tardía, el año pasado fue del 0,3%; en 2016, de 0,4%; en 2015, de 3%; en 2014, de 6%; en 2013, de 5%; y en 2012, de 11%. “Los jueces justifican esta situación responsabilizando a la falta de personal y al cierre en 2015 de los juzgados de descongestión”, comentó.

En cuanto a la cantidad de procesos que salieron de los despachos judiciales con sentencia, ya sea para dictar condena o declarar la inocencia de una persona, se encontró que en 2017 solo 396 demandas se resolvieron, de un total de 2’647.615 que ingresaron a los juzgados; eso sin contar 1’633.558 casos de años ante-riores y que aún no tienen respuesta.

La jurista lanzó una afirmación categórica: “En Colombia menos del 1% de los procesos judiciales se resuelven al año. Vergonzoso”.    

La investigación revela que en el país solo hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes y a cada uno le correspondió el año pasado 390.974 procesos, de los cuales el 99% no tuvo sentencia.

“Es imposible que un juez de la República, por muy eficiente que sea, logre en una semana fallar 100 procesos, a menos que sean acciones de tutela, ya que estos funcionarios, además de leer expedientes, tienen que realizar audiencias, inspecciones judiciales y evaluar personalmente todas las pruebas de los casos que les asignan, entre otros actos”, explicó Guevara.