Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com
Los servicios de salud que presta la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en Cali y el Valle, no se sustraen de la hecatombe que genera el sistema de salud en el País; la negación injustificada de servicios, tales como, tratamientos clínicos, terapias, autorización de exámenes especializados, entrega de medicamentos y suministros, etc., son la constante, en detrimento de la vida y la salud de sus afiliados, es decir, personal de la policía y sus familiares.
Llama la atención que una institución que tiene garantizada la apropiación de multimillonarios recursos económicos para prestar un óptimo servicio de salud a sus afiliados, los someta impunemente a semejante maltrato.
Se supondría que quienes han dedicado su vida a salvaguardar la seguridad de la sociedad, tuviesen junto con sus familias, garantizado un buen servicio de salud, estando activos o en uso de buen retiro; pero la realidad es otra, lo que tienen que padecer para acceder a tales servicios, es tan grave como la misma enfermedad que deben afrontar y muchas veces, quedan perdidos en la incertidumbre de derechos de petición nunca respondidos, quejas formuladas o sentencias de tutelas no cumplidas.
Dada la naturaleza jurídica de esta entidad, la Procuraduría General tiene plena competencia legal para vigilar lo que está pasando con la atención a sus pacientes y además, para aplicar severas y ejemplarizantes sanciones a quienes violentan sus derechos fundamentales; de allí, la importancia de formular las denuncias sobre las irregularidades que se presentan en esta institución, las cuales, al parecer atraviesan por la clasificación de sus afiliados según el rango o nivel de relacionamiento con los directores para acceder a un buen servicio médico.
La Procuraduría debe tomar cartas en el asunto y usar sus competencias por el bien de estos afiliados, pues se trata del derecho fundamental a la vida y a la salud.