Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com
Al padecimiento de los pacientes por sus dolencias, se suma uno que en muchas ocasiones se torna tan doloroso como la enfermedad misma y es el relacionado con el trámite administrativo que deben realizar ante la EPS, para obtener la autorización de lo prescrito por el médico, situación que normalmente está relacionada con servicios médicos denominados «costosos»; es decir, cuando esas órdenes médicas están relacionadas con tratamientos para enfermedades graves como por ejemplo el cáncer, cirugías de mediana o alta complejidad, exámenes especializados o citas con especialistas.
Es allí donde se evidencian las barreras tan grandes que deben enfrentar los pacientes en el sistema de salud para acceder a un servicio oportuno, eficaz y con calidad; muchos son los casos en los que tardan hasta dos años para lograr esa autorización y según la enfermedad, el paso del tiempo sin una atención adecuada, puede implicar su irreversibilidad o incluso, la misma muerte; muchas personas desconocen que por vía de la acción de tutela pueden encontrar una luz para resolver su problema adicional, aunque a decir verdad, la tutela en muchos casos no pasa de quedar en una sentencia de papel acompañada por infinidad de incidentes de desacato, sin solucionar el requerimiento del paciente.
Los costos económicos con su no pueden ser la excusa para dilatar los servicios médicos, eludir dichos costos en detrimento de la salud y la vida de las personas no tiene ninguna justificación, con la cantidad de billones de pesos públicos que le fluyen al sistema de salud más los dineros que directamente aportan sus afiliados.
Tenemos una frondosa normatividad producto del reconocimiento de la vida y la salud como derechos fundamentales, cada punto tiene una regulación, cuya eficacia es totalmente carente, más aún cuando quienes tienen la potestad para vigilar, controlar y sancionar, se hacen los de la vista gorda.