Legalización de cannabis, el dilema por incremento o disminución del consumo

Por Angélica Marcela Carvajal Lasso
Consultorio Jurídico Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Unicatólica

El consumo de drogas en el mundo ha sido considerado de impacto para los Estados en términos de salud pública y de derechos humanos.

De ellas, el cannabis es la droga más usada, según el ‘Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito’, ONUDD.

Sin embargo, alrededor del consumo de cannabis ha girado dos tipos de políticas, por un lado, la política prohibicionista, y, por otro lado, la política reguladora.

Desde inicios del siglo XX, Estados Unidos ha liderado en América el establecimiento de la política prohibicionista, impulsada con apoyos económicos para la erradicación de las drogas.

Esta logra que la mayoría de países latinoamericanos que están bajo la órbita de influencia norteamericana acojan el paradigma prohibicionista, acorde con la política exterior de la Casa Blanca, pero con éxitos muy reducidos en el cumplimiento de sus objetivos.

Este modelo prohibicionista ha tenido reformas en diferentes niveles, que van desde la despenalización de drogas como el cannabis para uso exclusivo médico o científico en países como Colombia, Perú, Chile, entre otros.

También se da la despenalización del cannabis en determinadas cantidades, autorizadas para consumo personal, como en Costa Rica, Ecuador y México, entre otros.

Además, se da la despenalización de la comercialización del cannabis para uso recreativo. Es Uruguay el único país Latinoamericano en implementar esta reforma en el año 2013 y configuró la implementación de la primera política reguladora de cannabis en América Latina.

Pasos de Colombia hacia la regulación del cannabis

En Colombia fue radicado el proyecto de Acto Legislativo 31-2022 ante el Senado de la República, que pretende la regulación del uso adulto del cannabis.

Este añade un inciso al artículo 49 de la Constitución, que elimina la prohibición del porte y el consumo del cannabis y se dictan otras disposiciones relacionadas con su producción y comercialización, sobre los cuales se esperan 4 debates en el Congreso de la República en junio de 2023, y otros cuatro en el próximo período legislativo.

Algunos de los argumentos de los ponentes del proyecto de ley es el fracaso de la ‘guerra contra las drogas’, que no ha reducido el consumo ni la presencia de grupos criminales y, por el contrario, incrementa la estigmatización a los usuarios de cannabis y extiende los riesgos asociados al consumo.

Por la anterior razón, el gobierno del presidente Gustavo Petro observa la legalización del cannabis como una respuesta acertada al fracaso del prohibicionismo, de la misma manera que lo hicieron los países de Uruguay y Canadá. Pero, ¿Cuáles han sido los resultados de la legalización del cannabis en estos países?

Experiencia de la legalización

En el reporte anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, emitido el pasado 9 de marzo de 2023, respecto a la legalización de la comercialización del cannabis, se expone que “es difícil medir el impacto de la legalización en la salud pública, la seguridad pública y la economía, pero que sí se puede observar que, en el tiempo relativamente corto desde (…) la legalización no ha logrado superar los problemas más apremiantes, como el aumento de las tasas de consumo, la criminalización de demasiadas personas que consumen drogas, el creciente mercado ilícito y la expansión del crimen organizado”.

Además, refiere el documento que el comportamiento del consumo es más alto en los Estados que han legalizado el cannabis que en los que no lo han hecho.

Es el caso de Uruguay en relación con otros países como Bolivia o Ecuador.

El tráfico de drogas por parte de grupos delictivos organizados ha sido reemplazado parcialmente por una industria de cannabis legal en expansión que tiene como objetivo obtener ganancias al aumentar las ventas, pero el problema de salud pública continua.

En términos generales, se afirma que los objetivos que se habían planteado en los Estados que han adoptado la política reguladora no se han cumplido tras la legalización.

Recomendaciones

Si prohibir ni legalizar el cannabis no arroja resultados concretos, ¿Cómo enfrentar los impactos negativos de este flagelo en términos de salud pública y derechos humanos?

Al respecto, la JIFE en su informe sugiere que, en lugar de legalizar el uso de drogas para fines no médicos, los gobiernos pueden establecer mejores programas de educación, prevención y tratamiento que busquen evitar el consumo de cannabis, muy al estilo de las campañas que han dado resultado para que la población rebaje el consumo de nicotina, componente activo del cigarrillo.

Además, y frente a los grupos criminales, se debe luchar a través de la prevención del crimen social, la aplicación efectiva de las leyes penales y administrativas, al punto de que los gobiernos pueden elegir las sanciones alternativas al mero ‘castigo’ intramural.

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