Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com
En el colmo del irrespeto, en el sistema de salud que nos rige, las órdenes que imparten los médicos en sus diferentes formulaciones, ya sea para la práctica de ayudas diagnósticas, procedimientos o tratamientos clínicos, citas especializadas o suministro de medicamentos; quedan sometidas a evaluación administrativa de la EPS para determinar su viabilidad; de tal suerte, que en la práctica, lo fijado por el médico en su fórmula ya no puede denominarse “orden médica”, sencillamente porque las ordenes se cumplen y en estos casos, esas formulaciones quedan supeditadas al visto bueno de una autorización administrativa.
La evaluación y autorización administrativa tienen más peso que la fórmula médica; pues en la mayoría de los casos se impone, lo que determine el empleado administrativo a lo dicho por el médico. Prácticas del sistema de salud, que además de vulnerar los derechos de los pacientes, constituyen un irrespeto mayúsculo a la dignidad del personal médico. Filtrar administrativamente la orden médica para evaluar su procedencia, además de atentar contra la autonomía y la soberanía del médico, parte de la mala fe, al poner en cuestión y en duda, el criterio médico.
Ahora bien, estos lunares contra los pacientes y contra la dignidad de los médicos, esconden propósitos perversos que van más allá de la preocupación por unos o los otros; toda vez, que el interés real de las EPS son los dividendos monetarios al no utilizar los recursos económicos en los requerimientos y servicios que necesitan los pacientes.
Las EPS en su configuración legal y comercial, pretenden la mayor rentabilidad económica y una de las maneras para lograrlo, es burlar las órdenes impartidas por los médicos, dilatándolas o desautorizándolas, sin importar que ello ponga en riesgo la salud o la vida de la persona. Realidad que estamos obligados a soportar mientras la salud sea eje de los grandes negocios.