Mediante un extenso comunicado las corporaciones judiciales y las organizaciones sindicales de funcionarios y empleados demandaron del Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación la suspensión de los términos judiciales a partir del 16 de julio de 2020 y hasta cuando se prorrogue el aislamiento preventivo obligatorio, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las sedes judiciales y proporcionar los medios tecnológicos requeridos para prestar el servicio virtual.
En consecuencia, exhortaron a la Ministra de Justicia y del Derecho, al Fiscal General de la Nación, a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para que se reúnan urgentemente con los voceros de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial a fin de concertar soluciones a esta problemática, en donde además instan a la participación de los abogados litigantes organizados.
Seguidamente solicitan la suspensión del reporte de las estadísticas y de la calificación de servicios por evaluación del desempeño laboral durante el año 2020 y hasta tanto se superen los estados de emergencia sanitaria y de emergencia económica, social y ecológica.
El comunicado advierte que de no atenderse oportunamente dichas solicitudes, deciden: “Convocar a todos los funcionarios y empleados judiciales para que a partir del 1º de agosto de 2020 nos declaremos en ‘Desacato Judicial’ frente a la obligación de asistir excepcionalmente a las sedes judiciales y, por tanto, nos abstenemos de prestar el servicio de administrar justicia en forma presencial hasta tanto se cumplan cabalmente los protocolos de bioseguridad”.
“Exigir al Gobierno Nacional que en un plazo razonable asigne los recursos suficientes para poner en marcha el plan de digitalización y el servicio virtual de administración de justicia en todo el país. Y llamar a los servidores judiciales para que estemos prestos a tomar medidas más drásticas en el evento de que las circunstancias lo impongan”, agregan los funcionarios judiciales firmantes.