LA SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ORDENÓ ARCHIVAR INVESTIGACIÓN POR “COLUSIÓN” CONTRA JORGE MORENO Y TODOS LOS INVESTIGADOS EN EL CASO DE LA VIGILANCIA PRIVADA

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reconoció que no hubo delito de colusión en la investigación de la vigilancia privada. La decisión de archivo está consignada en la resolución no. 19890 de 24 de abril de 2017 y confirmada mediante Resolución 4604 del 29 de enero de 2018; en donde el Consejo Asesor de Competencia recomendó archivar la investigación por el delito de colusión contra siete empresas de seguridad y 16    personas investigadas en el llamado “cartel de la vigilancia”, porque no se encontraron pruebas suficientes para sancionarlas. La anterior decisión surgió como consecuencia de la apertura de investigación y pliego de cargos mediante la Resolución No. 2065 del 28 de enero de 2015 por parte de la SIC.

La apertura de esa investigación fue objeto de un despliegue mediático sin precedentes que incluyó ruedas de prensa del Superintendente Pablo Felipe Robledo y el Vice Fiscal, Jorge Fernando Perdomo.  La Fiscalía señaló que era el primer caso en la historia empresarial y jurídica en el que se investigaba abiertamente una colusión en licitaciones públicas, conducta tipificada en la ley como un delito en el nuevo código penal.

Las empresas y personas vinculadas al proceso fueron objeto de una persecución en medios, originadas desde la SIC y la Fiscalía, dando solo        credibilidad a estos informes y vulnerando la presunción de inocencia. A raíz de esto, muchas de las personas perdieron sus trabajos, a las           empresas se les negó cualquier posibilidad de crédito, ya que el Superintendente anunció públicamente que les impondría a cada una sanciones      superiores a los diez mil seiscientos millones de pesos. Con esto, se les cerró su posibilidad comercial, perdieron sus clientes y se desvincularon más de 8000 empleados.

En el caso de Jorge Moreno, lo señalaron como el “Zar de la Seguridad”, el cerebro detrás de este tipo de delitos, que la SIC finalmente no logró imputar.

Después de cinco años de investigación conjunta de la SIC y la Fiscalía en un proceso que se extendió por cerca de tres años más; Guardianes, Expertos en Seguridad, Cobasec, Starcoop, Centinel, Insevig, Sejarpi y Security Management Group (SMG) y las demás personas investigadas, fueron declaradas inocentes del cargo de colusión, principal argumento de la investigación y que la SIC esgrimió contundentemente a la opinión pública. Sin embargo, les adjudicaron otro cargo administrativo que nunca fue decretado inicialmente y por el que no tuvieron opción de defenderse. Igualmente, la entidad fraccionó en dos la misma investigación para multar dos veces a los mismos investigados.

Los investigados presentaron recursos contra la decisión mencionada, ya que según la SIC se habría violado la Cláusula General de Competencia.  El recurso terminó con una ratificación sobre la inexistencia de la colusión y una rebaja de cerca del 50% de la multa inicialmente impuesta.  En todo caso, los investigados preparan las acciones de nulidad y de reparación por los daños sufridos con la investigación y derivados de las declaraciones de los funcionarios de la SIC y de la Fiscalía.

En efecto, la investigación de la SIC se encuentra viciada desde sus inicios: se vio envuelta en escándalos, fue alimentada por declaraciones de     testigos falsos, que posteriormente se retractaron, se negó a los investigados el acceso a las pruebas, se violaron los más elementales protocolos de recolección y custodia de la pruebas y se omitieron etapas procesales.

A lo largo de todo el proceso fue evidente que la entidad tenía la clara intención e instrucción de terminar el proceso con un fallo condenatorio dado las denuncias que Jorge Moreno hizo contra Robledo, por los intereses de un contrato con el Estado en el que participó un familiar de él, situación que está denunciada ante la Fiscalía.

El Superintendente también fue denunciado por el contrato que la SIC adjudicó por 100 millones, al ex Fiscal Juan Vicente Valbuena, quien previa compulsa de copias de la investigación adelantada por la SIC por colusión, el funcionario imputó cargos, acusó y decretó medidas de    aseguramiento contra Jorge Moreno. Dicho contrato fue denunciado por medios de comunicación y los titulares fueron: “Robledo pagando favores”.

En conclusión, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, el ex Vice Fiscal, Jorge Fernando Perdomo y el ex Fiscal, Eduardo Montealegre, le deben una explicación a la opinión pública sobre los efectos que para el Estado Colombiano y para las finanzas públicas, tendrá la ligereza con la que resolvieron acusar, prejuzgar y condenar a un grupo de particulares y desataron un escándalo sin precedentes por ser, supuestamente, el primer caso de colusión en contratación pública.

FIN DEL COMUNICADO

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